Aborto y polémica

El protocolo de interrupción de embarazos firmado por el Ministerio de Salud, que incluye todos los casos de violaciones y no exige pruebas, reinstaló la polémica acerca de cómo regular estas prácticas.
La diputada Diana Conti celebró la resolución, que reglamenta un decreto de la gestión de Ginés González García, al sostener que "los abortos clandestinos generan más muertes de las que se quieren evitar".
"Esta guía implica un avance en la igualdad de derechos porque iguala a las mujeres que tienen plata y van a centros privados que clandestinamente para abortar en condiciones de asepsia con otras mujeres de menores recursos que se lo hacen por desesperación y a veces pagan con su vida", subrayó. Y añadió: "Se trata de un tema que compete al área de salud y no al área penal".
"Manzur se hizo eco de la interpretación más actualizada [del Código Penal] al entender que hay que proteger no solo a la mujer con deficiencias mentales, sino también a la mujer que, libre a su conciencia, es violada", destacó.
La diputada recordó que la ausencia de una resolución de esta naturaleza provoca hoy en día que el médico tenga que recurrir a una comisión de bioética para evaluar cada caso. Con el protocolo, este paso queda suspendido. "Lo que el profesional decida es válido. Esto acorta los plazos que normalmente tienden a revictimizar a la niña violada, embarazada y manoseada desde el punto de vista médico", precisó.
El protocolo, que se dio a conocer ayer, extiende la legalización del aborto en el país al admitir esa práctica para todos los casos de violaciones, no sólo para los de "mujer idiota o demente", y poner como condición que la víctima presente una denuncia o, simplemente, una declaración jurada en la que afirme haber sido violada.
Según se indica en el protocolo actualizado, "es competencia exclusiva de los médicos tratantes decidir si el caso encuadra en las previsiones de no punibilidad contempladas en el Código Penal". Con esa aclaración, el Ministerio de Salud busca evitar la intervención de juzgados, tal como ocurre frente a muchos pedidos de abortos, incluso si están amparados por la normativa en vigor. Ese concepto de "no judicialización" no figuraba en la guía de 2007.
La medida abarca a los centros de salud nacionales, dado que las provincias tienen la facultad de adherir o no a las decisiones tomadas por el Ministerio de Salud.
De acuerdo con el texto, en casos vinculados con menores de edad, la opinión determinante será la de la embarazada, aunque sus padres se nieguen al aborto.
"Este aspecto está en consecuencia con lo que indica la ley sobre la sexualidad y la procreación responsable, que establece que las mujeres mayores de 14 años pueden concurrir a un médico para que les prescriban métodos anticoptivos", consideró Conti. (La Nación)